Opinión: Carlos Núñez
No puedo permanecer en silencio frente a la decisión del Gobierno de restringir y eventualmente prohibirlas exportaciones de ganado y carne bovina con el argumento de que así bajarán los precios al consumidor. Más allá de las buenas intenciones, estamos frente a una medida sin sustento científico robusto, tomada en un contexto de alta sensibilidad social, pero con muy poca evidencia técnica sobre la mesa.
Como miembro de la Junta directiva de ASOSUBASTAS y doctorando en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Salle, no puedo permanecer en silencio frente a la decisión del Gobierno de restringir y eventualmente prohibirlas exportaciones de ganado y carne bovina con el argumento de que así bajarán los precios al consumidor.
Más allá de las buenas intenciones, estamos frente a una medida sin sustento científico robusto, tomada en un contexto de alta sensibilidad social, pero con muy poca evidencia técnica sobre la mesa. El diagnóstico oficial es conocido: El kilo de carne de res pasó de 27.502 pesos en abril de 2025 a 31.819 en abril de 2026, un aumento cercano al 15,6%, y en lo corrido del año la carne subió cerca de 5,4%. Ante esto, la ministra de Agricultura ha señalado que el alza estaría explicada, en buena medida, por las exportaciones de ganado en pie y por incrementos “de hasta 19%” en los precios en subastas ganaderas. Sobre esa base se propone restringir la exportación de machos menores de dos años, vientres y en el escenario más extremo, prohibir las exportaciones de carne bovina.
El problema no es solo la medida, sino la “calidad del diagnóstico” que la respalda. En mi investigación doctoral sobre exportaciones de carne, precios internos y reconfiguración del mercado colombiano no he encontrado, hasta la fecha, estudios econométricos publicados en el país que cuantifiquen de manera rigurosa qué parte del aumento del precio de la carne se explica realmente por las exportaciones y qué parte por otros factores, como: Costos de alimentación, ciclo ganadero, tasa de cambio, logística, especulación en intermediación, clima, entre muchos otros. En un país donde la carne se produce en un contexto de tasa de cambio volátil, insumos encarecidos y cuellos de botella logísticos, aislar a las exportaciones como culpable único es, metodológicamente, muy débil. Dicho de otra forma: Estamos tomando decisiones de alto impacto sin un modelo serio de transmisión de precios ni de cambio estructural detrás.
Mientras tanto, los datos disponibles sugieren una historia distinta a la del “chivo expiatorio” de las exportaciones. Según cifras citadas por diferentes analistas, Colombia produjo en 2025 más de 800.000 toneladas formales de carne bovina, y las exportaciones de carne y vísceras representaron menos del 4% de esa producción. Con un peso tan reducido, atribuir al canal exportador la responsabilidad principal del alza de precios internos es, como mínimo, una simplificación excesiva. También es necesario contrastar los números que se ponen sobre la mesa. Se ha repetido que en las subastas ganaderas los precios habrían subido “hasta un 19%”. Esa cifra puede ser cierta en algunos escenarios puntuales, pero no es la realidad homogénea del país. En nuestra propia subasta, con datos auditables, el incremento promedio reciente del último año ha sido en su máximo cercano al 10 %, muy por debajo del porcentaje utilizado en los medios. Esa diferencia no es menor; Sobre un diagnóstico exagerado se justifican intervenciones que impactan directamente la liquidez de miles de pequeños ganaderos que han encontrado en las subastas un mecanismo transparente para hacer valer su ganado.
Como investigador, mi marco teórico no parte de intuiciones, sino de escuelas que llevan décadas estudiando estos fenómenos: La tradición estructuralista latinoamericana que advierte sobre los riesgos de decisiones comerciales desacopladas de la estructura productiva; los modelos de cambio estructural que analizan cómo se reasignan recursos entre sectores; el enfoque de cadenas globales de valor, que muestra quién gana y quién pierde en cada eslabón; y la dinámica de sistemas, que permite simular escenarios de mediano plazo en lugar de reaccionar solo al dato de coyuntura. Ninguna de estas corrientes serias recomienda tomar decisiones de política comercial basadas en un solo precio, en una sola foto y en un solo culpable.
Desde la perspectiva del pequeño ganadero, la discusión es aún más delicada. La eventual prohibición de exportar carne y la restricción drástica a la exportación de ganado joven no castigan al gran jugador integrado, que tiene espalda financiera para reorientar sus ventas, sino al productor mediano y pequeño de regiones como Córdoba, la Costa Caribe y Santander, donde buena parte de la dinámica reciente se explica por la posibilidad de acceder a mercados externos. Quitarles esa válvula de escape, sin ofrecer alternativas de productividad, infraestructura o financiamiento, es condenarlos a volver a mercados más cerrados, con menos competencia y más poder para unos pocos compradores. El precio actual de la carne “nos guste o no” lo está determinando un mercado imperfecto, sí, pero un mercado donde intervienen muchos factores simultáneos. Pensar que se puede bajar “decretando” el cierre de la frontera es desconocer la lógica básica de la inversión ganadera: Un animal que hoy se deja de exportar y se obliga a permanecer en el país no se traduce automáticamente en carne barata en la mesa del consumidor. En cambio, sí se traduce, de inmediato, en menos ingresos para miles de familias, en menor atractivo para invertir en hatos más productivos y en un mensaje peligroso para cualquier estrategia de inserción internacional del sector.
Como empresario del campo y como doctorando, no defiendo exportar por exportar. Defiendo decisiones basadas en evidencia, modelos serios y comprensión de la cadena completa. Antes de prohibir, el país necesita “más datos, más estudios y más diálogo técnico”. Si algo nos enseña la literatura internacional (y lo que estoy construyendo en mi tesis) es que cuando la política pública se guía más por titulares que por análisis, quienes terminan pagando la factura no son los números del PIB, sino los pequeños productores y los consumidores que se busca proteger.